Tanto la Dirección General de Turismo como el Ayuntamiento de Madrid reforzarán la actividad inspectora contra las malas prácticas del sector.

Regular desde el primer día de su puesta en marcha las viviendas de uso turístico (VUT) es el objetivo del Decreto que ultima la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, según adelantó su directora Marta Blanco en un debate sobre la nueva regulación de este tipo de viviendas organizado por la firma Andersen Tax & Legal y que contó también con la participación de José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

Pese a que el punto de vista de Comunidad y Ayuntamiento madrileño no coincide sobre cómo afrontar este fenómeno emergente en la capital de España, ambas administraciones creen necesario un mejor control de esta actividad que ya supone más de 11.000 viviendas en esta ciudad.

El último fallo del Supremo sobre esta actividad hará que se retrase su entrada, según apuntó Blanco a Confilegal “aunque sabemos que es necesario reformar el Decreto del 2014 y dotar de más seguridad jurídica esta actividad”.

Ahora también esta normativa autonómica se verá influida por la normativa estatal.

Ayer sábado se publicó en el BOE un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que modifica entre otras normas Ley sobre Propiedad Horizontal para habilitar la posibilidad de que, por mayoría simple cualificada, de tres quintas partes de los propietarios, las comunidades de vecinos puedan limitar o condicionar la actividad del alquiler turístico, con el fin de “favorecer” la convivencia en el edificio.

Además se requerirá esta misma mayoría cualificada para establecer cuotas especiales e incremento de la participación en los gastos comunes de la vivienda turística no superior al 20%. La medida no tendrá retroactivo, ya que se aplicará a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley.

En el caso que ya hubiera ese tipo de vivienda funcionando no habrá posibilidad de adoptar ningún acuerdo por parte de la comunidad de propietarios.

De esta forma, a los alquileres turísticos se los saca de la Ley de Arrendamientos Urbanos para llevarlos a la legislación sobre actividad turística y ser tratados como una actividad económica, como ya se abordó en la Conferencia Sectorial y en el grupo de trabajo de viviendas de uso turístico (VUT), en las que participaron las Comunidades Autónomas, los sectores hotelero, empresarial, plataformas, sindicatos, asociaciones de vecinos y consumidores.

Un Decreto razonable

Respecto a la nueva normativa, la directora general de Turismo reveló que se habían realizado consultas tanto a Bruselas como al propio Ministerio de Fomento. Y recordó que la situación de hace cuatro años no tenía que ver nada con la actual.

Y que dentro de otros cuatro años el panorama iba a cambiar.

Para Blanco este sector no ha alcanzado aún la madurez y cree que aún seguirá creciendo en ciudades como Madrid, donde los propios hoteleros han denunciado que ellos están sujetos a una regulación más complicada y detallada que las llamadas VUT.

Blanco apuntó a que este Decreto estaba basado en un planteamiento realista para intentar atraer un turismo de calidad desde una regulación razonable “reforzamos la normativa legal de las VUT desde el primer dia. Eso es lo que hacemos al introducir el concepto de habituabilidad”.

A este respecto destacó que se pediría un certificado de idoneidad de la vivienda sin necesidad de estar visado por nadie”.

En dicho Decreto se incorpora también la necesidad de que las VUT tienen que comunicar tanto a la Dirección General de Policía como a la Guardia Civil la llegada de cualquier invitado, siguiendo las directrices de la Ley de Seguridad Ciudadana, así como la necesidad de introducir un seguro de responsabilidad civil.

“También queremos con esta nueva norma mejorar la convivencia con los vecinos y no estamos en contra a que en la publicidad de las VUT pueda aparecer el número de registro de cada una de ellas”.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, su Concejal Jose Manuel Calvo reveló que se seguirá con la actividad inspectora.

“Debemos de buscar un turismo sostenible que no genere problemas en nuestra ciudad. De ahí que hayamos incrementado la actividad inspectora de cara al Plan Especial que pusimos en marcha para un mejor control de las Vut”. Recordó que hay un problema en la ciudad y que hay que atajarlo que se ha generado en los tres últimos años por el crecimiento desmesurado de las VUT.

Necesidad de más inspectores

A su juicio, el gran problema es que con la proliferación de estas viviendas. Y destacó que el ratio entre población flotante y vecinos se ha incrementado de forma notable. “Algunos de nuestros barrios se pueden vaciar y pueden generar problemas serios de convivencia que desde este Ayuntamiento queremos frenar”.

De hecho cada VUT que esté operativa a partir de 90 días debe contar, entre otros requisitos con una licencia de actividad municipal.

Sobre dicha actividad inspectora, Calvo recordó que hay abiertos 700 expedientes de cierre tras otras tantas inspecciones a estas vut. “Queremos fomentar el alquiler estable y somos conscientes que este fenómeno es uno de los que está influyendo para que los precios a nivel general del alquiler se hayan disparado”.

Recordó también que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no tienen la misma visión sobre esta problemática pero cree que el Decreto que ya ultima el gobierno autonómico puede ser positivo de cara a una regulación más clara de estas viviendas turísticas, donde su anuncio en plataformas como Airbnb ha hecho que su difusión sea aún mayor.

Calvo reconoce que tras el Plan de Regulación de las viviendas de uso turístico, aún si aplicar por el gran número de alegaciones recibidas por asociaciones de viviendas turísticas como Madrid Aloja, al considerarlo un corsé que en muchos aspectos no podrá cumplirse, el propio consistorio madrileño ha presentado alegaciones al citado Decreto de la CAM, ahora a punto de aprobarse.

Así algunas de sus alegaciones se han centrado en el concepto de alquiler por habitaciones o la capacidad de alojamiento y pide que los alquileres de menos de tres meses se consideren economía colaborativa.

A este respecto, el borrador autonómico establece una capacidad de hasta dos personas para viviendas inferiores a 25 m2 útiles, cuatro personas entre 25 m2 y 40 m2, y dos personas más por cada 15 m2 útiles adicionales.

Discrepancias entre Ayuntamiento y Comunidad

El Gobierno de Carmena alega que “para una vivienda de 70 m2 se puedan alojar 8 personas, en una de 85 m2 hasta 10, y en una de 100 m2 pueda alcanzar hasta 12 alojados, lo que supone entre el doble y el triple del número de usuarios en viviendas de tipo residencial”.

Otra cuestión donde hay roce entre las administraciones madrileñas tiene que ver con el número de viviendas de uso turístico implantadas en un edificio no podrá superar el 75% de la totalidad existentes. Dicho porcentaje se reducirá al 50% en aquellos inmuebles que pertenezcan a un único propietario.

Aquí, el Ayuntamiento alega que esa no es competencia del gobierno regional sino de una normativa urbanística propia de las administraciones locales, tal y como indica la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

La regulación de las viviendas turísticas pertenece a los ayuntamientos de toda España quienes tienen al mismo tiempo que coordinar sus ordenanzas con algún Decreto autonómico, como es el caso de Madrid y la normativa estatal que el Gobierno quiere sacar de los arrendamientos urbanos para que se desarrolle en la actividad turística.

Fuente: Confilegal

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